Durante octubre estaremos presentando a nuestro jurado Kennet Pugh
Kenneth Pugh es actualmente Senior Fellow de AthenaLab y fue senador de la República de Chile entre 2018 y 2026. Como legislador fue coautor de la Ley Marco de Ciberseguridad, de la Ley de Protección de Datos Personales de Chile y de la reforma del Sistema de Inteligencia del Estado.
Es autor del libro El Poder Digital, que presentará en octubre de este año. En 2025 fue distinguido con la Real Orden de Isabel la Católica en el grado de Encomienda, por su contribución a la cooperación entre Chile y España. Vicealmirante en retiro de la Armada de Chile, Ingeniero Naval Electrónico, Magíster en Ciencias Navales y Marítimas con mención en Estrategia y Profesor de Academia en Inteligencia. Es miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile.
Kenneth Pugh “Ya no es una disyuntiva en Chile: la infraestructura está mayoritariamente desplegada y la habilidad no.”
Desde su experiencia como exsenador y ahora como Distinguished Fellow de AthenaLab, ¿qué rol cree que debe jugar el Estado frente a la brecha de alfabetización digital en Chile? ¿Estamos en el camino adecuado?
El Estado no puede alfabetizar a más de dieciocho millones de personas con sus funcionarios, pero sí tiene tres funciones que nadie más puede cumplir: fijar el estándar de qué significa estar alfabetizado digitalmente, medirlo todos los años y garantizar la última milla donde el mercado no llega. Hoy cumplimos a medias la primera función y casi nada las otras dos.
Chile tiene una gran cobertura digital: sobre el 90 por ciento de la población accede a internet. Pero solo un tercio hace un uso avanzado, y sobre los 65 años la adopción cae bajo el 50 por ciento. Es decir, en Chile resolvimos la brecha de acceso y nos quedamos sin política para la brecha de uso. Vamos por buen camino en infraestructura; en alfabetización el camino todavía no está trazado, y lo que no se mide no se gestiona.
¿Cómo evalúa el nivel de prioridad que hoy tiene la alfabetización digital en la agenda pública chilena, en comparación con otras políticas sociales o educativas?
Es baja, y la razón es estructural: la alfabetización digital no tiene dueño. Educación la ve como un contenido más, Telecomunicaciones como un problema de cobertura, Desarrollo Social como un tema de adultos mayores y la ANCI como ciberhigiene. Cuando una política tiene cuatro dueños parciales, no tiene ninguno.
Comparada con otras políticas sociales, además, no tiene urgencia visible: nadie marcha en las calles por una brecha de habilidades. Pero esa brecha condiciona a todas las demás. Un subsidio al que se postula en línea, una hora médica que se pide por aplicación o un bono que llega a una cuenta digital, no existen para quien no sabe usarlos.
En su opinión, ¿qué tipo de iniciativas deberían priorizarse: aquellas enfocadas en infraestructura y acceso, o las que buscan desarrollar habilidades y confianza en el uso de la tecnología?
Ya no es una disyuntiva en Chile: la infraestructura está mayoritariamente desplegada y la habilidad no.
Yo priorizaría habilidades y confianza, con una precisión: la confianza no se enseña con un curso, se construye con experiencias seguras repetidas. Una persona mayor que fue víctima de una estafa por WhatsApp no vuelve a confiar, aunque le regalen una tablet.
Por eso la alfabetización que sirve es la que enseña a usar y a protegerse en el mismo acto. La ciberhigiene no es un capítulo aparte del manual; es la primera página.
¿Qué aprendizajes de su paso por el Senado aplicaría hoy para diseñar políticas públicas más efectivas en materia de inclusión digital?
Tengo tres experiencias que puedo compartir. Primero, las leyes simples crean hábitos y los hábitos crean cultura: la Ley 21.113, publicada en el Diario Oficial el 1 de octubre de 2018, de un solo artículo, convirtió a octubre en el Mes Nacional de la Ciberseguridad y ocho años después sigue movilizando cada vez más ejercicios, colegios y empresas.
Segundo, las políticas sin métrica de Estado mueren en el cambio de gobierno. Ucrania mide alfabetización digital desde 2019 y por eso puede mostrar una mejora de más de diez puntos en seis años, aun en guerra.
Tercero, la transversalidad para lograr aprobación de las leyes con mayoría o unanimidad no es un gesto, es una condición de supervivencia y la máxima expresión de legitimidad: todo lo que logré sacar adelante en ciberseguridad fue con senadores de todos los sectores, porque una política digital que dura un período presidencial no alcanza a cambiar nada.
Desde AthenaLab, ¿qué modelos de colaboración público-privada considera más prometedores para escalar proyectos de alfabetización digital en zonas rurales o vulnerables?
Los modelos que funcionan comparten un mismo patrón: el Estado pone el estándar y la medición, el privado pone la escala y la comunidad pone la confianza. Me parecen muy prometedores este tipo de modelos.
En el primero, redes de centros físicos operados por organizaciones locales bajo una marca y un estándar comunes, con parte de los servicios gratuitos; Ucrania lo hizo con una ONG en vez de oficinas públicas y funcionó. El segundo, las alianzas con quien ya está en el territorio: bibliotecas públicas, municipios, cooperativas eléctricas, juntas de vecinos, porque la última milla de la inclusión es de confianza antes que de fibra. El tercero, los esquemas donde las empresas que digitalizan un servicio (banca, salud, telecomunicaciones) financian la alfabetización de los usuarios que desplazan o afectan, porque quien crea la brecha debe ayudar a cerrarla.
¿Qué criterios específicos utilizará como jurado del Premio Llaves Digitales para distinguir una iniciativa con alto impacto de una que solo tiene buena intención? ¿Será la ciberseguridad?
La buena intención se reconoce en el relato de los innovadores, pero el alto impacto se reconoce en los datos. Buscaría cinco cosas: que el proyecto mida resultados y no solo actividades (cuántas personas hacen hoy algo que antes no podían hacer, y no cuántos talleres se dictaron); que genere autonomía, es decir, que el beneficiario deje de necesitar al proyecto; que sea replicable por otros con menos recursos; que tenga continuidad más allá del financiamiento inicial; y sí, que incorpore privacidad, seguridad y confianza desde el diseño.
Incluir a alguien en el mundo digital sin enseñarle a protegerse en ese nuevo mundo es exponerlo. La inclusión insegura no es inclusión, es una vulnerabilidad a la que se le ha agregado conectividad.
¿Cree que Chile está preparando adecuadamente a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos de la sociedad digital? ¿Qué faltaría?
Las estamos preparando para usar la tecnología, no para entenderla ni para dudar de ella. Un joven chileno como promedio maneja cinco plataformas y no sabe reconocer una campaña de desinformación, no sabe qué hace un algoritmo con sus datos y reutiliza la misma contraseña en todas partes.
Lo que falta es, por un lado, ciencias de la computación como asignatura y no como taller optativo, y por otro, formación en criterio: lectura crítica, pensamiento crítico, ciberhigiene desde la educación básica y comprensión elemental de cómo funcionan los sistemas que usan. La sociedad digital no premia al que más usa, sino al que mejor discierne en ella.
¿Qué riesgos identifica si la alfabetización digital avanza más lento que la digitalización de servicios públicos y privados en Chile?
El riesgo es que un Estado digital excluya a quienes más lo necesitan. Cuando el trámite migra a la aplicación y el ciudadano no puede seguirlo, aparece un intermediario, y ese intermediario puede ser un hijo, un vecino o un estafador.
Lo hemos visto con la filtración masiva de datos de chilenos: una parte de la información se ha obtenido probando y usando contraseñas filtradas años antes de cuentas de personas, las que se reutilizaban. Eso no es una falla de infraestructura, es una brecha de alfabetización que se convirtió en un incidente nacional.
El segundo riesgo es la erosión silenciosa de la confianza: cada persona que sufre una ciberestafa se retira del mundo digital y arrastra a su entorno. La soberanía digital de un país no se pierde en un ataque; se pierde cuando sus ciudadanos dejan de confiar en sus propios sistemas.
¿Cómo puede el Premio Llaves Digitales contribuir no solo a visibilizar proyectos, sino a generar un ecosistema más robusto de innovación social en tecnología?
Un premio visibiliza una vez; un ecosistema necesita que los proyectos se vean entre sí todo el año. Propondría que el premio funcione como observatorio: que los postulantes queden en un mapa público de iniciativas por región, que los ganadores documenten su método para que otros lo repliquen y que el jurado entregue retroalimentación a todos, no solo al ganador.
Y que se conecte con lo que ya existe: octubre, el Mes Nacional de la Ciberseguridad, es la ventana natural para que estos proyectos se muestren junto a la ANCI, las universidades y las empresas. La innovación social en tecnología no escala por dinero, escala por imitación y requiere de un reconocimiento de carácter nacional.
Mirando hacia el futuro, ¿qué mensaje le daría a los postulantes del concurso sobre el tipo de transformaciones que Chile necesita en materia de inclusión digital?
Chile no necesita más personas conectadas; necesita personas capaces de decidir por sí mismas en el mundo digital. Las transformaciones que valen no son las que entregan un dispositivo, sino las que entregan criterio y confianza, y que dejan a la persona en condiciones de no necesitar al proyecto.
Les diría también que piensen en la ciberseguridad desde el primer día, porque es el único modo de que la inclusión perdure, y que midan todo, porque lo que no se mide no se puede defender ante quien decide presupuestos. La brecha digital en Chile ya no es de cables; es de raíces. Y la raíz es lo único que nutre a toda la planta. En el nuevo dominio digital, esa raíz es el talento digital.